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El proyecto que estudia REE contempla una central reversible entre dos hoyos originados por la extracción de áridos, que proporcionaría 200 megavaitos de los 600 que consume la Isla al día.

Casi siete años después de la sentencia del caso Áridos, que condenó a cinco areneros de Tenerife a restaurar en su estado natural las canteras de los barrancos de Güímar, sigue sin moverse una piedra en ese ámbito, todavía en proceso judicial ante los nuevos recursos presentados en el Supremo por algunos de los condenados y por la propia calificación, en enero de 2021, de la Audiencia Provincial, al declarar que la sentencia era “inejecutable” por considerar la imposibilidad de restaurar los seis grandes hoyos ocasionados por la extracción de áridos durante casi cuarenta años.

Sin embargo, la instalación en ese ámbito de la central hidroeléctrica que Tenerife demanda para fortalecer su sistema eléctrico se toma como la alternativa más viable para “matar dos pájaros de un tiro”: rehabilitar el terreno en algunas de las canteras clausuradas y garantizar el 25% del suministro eléctrico en la Isla con una central hidroeléctrica.

Descartado, a priori, el proyecto de salto, desde lo alto de Anocheza a las canteras de los hermanos Morales y Antonio Plasencia ahora se baraja una de bombeo, reversible, similar a la de Gorona del Viento, en El Hierro, que iría desde la autopista hasta la TF-28 en el barranco de Badajoz, con un desnivel de 300 metros.

En concreto, se baraja la cantera que fue de Fulgencio Díaz, junto a la montaña de Los Guirres, aquella donde se quería hacer el proyecto Mimiland Park, y la cantera de Badajoz, que tiene casi 100 metros de profundidad.

Desde Red Eléctrica Española se quiere ser precavido y afirma que “Tenerife también va a contar con un salto de agua, una central hidroeléctrica, que permita almacenar energía renovable a través de instalaciones de bombeo y que se está pendiente de saber la ubicación pero podría ser el municipio de Güímar el que finalmente acoja la infraestructura”, comenta la presidenta Beatriz Corredor.

“Hay varias alternativas de ubicación que van a depender de cuestiones técnicas (tiene que haber un desnivel entre los dos embalses) y jurídicas”, subrayó la responsable de REE.

Desde REE se insiste en que esta es la única solución para garantizarle a Tenerife la estabilidad de un sistema al que esta central podría generar unos 200 megavatios (MW) al día, en torno al 30% de la energía que consume la Isla, además de considerar que el Valle de Güímar se encuentra magníficamente situado para enganchar esos megavatios, en apenas dos kilómetros de distancia, a la red de alta tensión que se genera en Granadilla o todavía hoy en Las Caletillas, en donde pronto comenzará a funcionar una nueva subestación, prácticamente terminada, que reforzará a partir de 2023 el doble circuito de 220 KW hasta El Rosario para fortalecer el norte de la Isla.

Así y todo, REE insiste en ser prudentes, porque el proyecto hay que encajarlo en el marco legal, pero todos los autores apuntan a Güímar como la mejor ubicación posible para esa central hidroeléctrica en Tenerife, mientras en Gran Canaria ya no solo se construye la de Soria-Chira, sino que se está barajando otro salto desde la presa de Las Niñas y otro más desde La Aldea.

CABILDO Y GOBIERNO

“Es un proyecto muy serio, no se trata de ninguna ocurrencia caprichosa”, ya afirmó hace dos años a este periódico Javier Rodríguez Medina, consejero de Desarrollo Sostenible del Cabildo, que subrayó las ventajas de construir la instalación en Güímar, empezando por el aprovechamiento y la regeneración de los grandes huecos creados para la extracción de áridos durante tres décadas.

“Plantea una solución para dos canteras, porque serán depósitos para almacenar agua que funcionarían como vasos reguladores y buena parte de la línea de tubería por donde circulará el agua iría soterrada, de tal forma que los áridos que se generan de esa obra servirían para restituir los ámbitos dañados”, explicó el consejero. Además, destacó el engarce del proyecto con la sentencia judicial que obliga a la restauración del terreno afectado. “Es el único proyecto serio que he visto para restituir la zona dañada”, afirmó.

Hoy, Rodríguez Medina sigue apostando por Valle de Güímar sobre la Isla Baja, otra ubicación que se llegó a barajar: “La decisión es firme sobre la idoneidad del Valle de Güímar para esa infraestructura, pero hoy sigue todo pendiente del aspecto judicial”.

Desde la Consejería de Transición Ecológica se habla aún de dos o tres alternativas en la Isla para instalar esa hidroeléctrica, si bien la directora general de Energía, Rosana Melián, apunta a Güímar: “Sería idóneo, porque, además de solucionar un problema medioambiental, tendríamos ese salto, donde, asimismo, pasan los principales ejes de evacuación muy cerca”.

LOS ARENEROS, EL CONSISTORIO Y LA ACUSACIÓN, PENDIENTES DE LOS RECURSOS PRESENTADOS ANTE EL SUPREMO

En un auto emitido en enero de 2021, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife declaró “la imposibilidad” de restaurar los seis hoyos ocasionados por la extracción de áridos en los barrancos de Güímar como dicta la condena que impuso a cuatro empresarios en 2016. Al tiempo, determina sustituir esa obligación “por la indemnización de daños y perjuicios”, requiriendo al Gobierno de Canarias una peritación de los daños, que este cifró en 185 millones de euros, lejos de los 240 que se habían peritado durante el juicio oral en enero de 2016.

Agrega ese auto que la imposibilidad absoluta de la restitución in natura de los terrenos afectados por las extracciones permite la aplicación del artículo 18 de la Ley del Poder Judicial y sustituirla por una indemnización obligatoria respecto a cada una de las canteras objeto de explotación ilegal.

Ese auto de la Audiencia ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por dos de los cuatro areneros condenados (Hermanos Morales y Antonio Plasencia), al entender que presentaron en tiempo y forma los planes de restauración que se les exigían, mientras que no fue admitido el recurso de Francisco del Rosario, el único de los condenados que no llegó a un acuerdo en el juicio oral y tuvo que ingresar tres años en la cárcel.

Pero también ha sido recurrido ese auto de la Audiencia Provincial por el Ayuntamiento de Güímar, que se considera perjudicado y aspira a que esa indemnización a la que deberían hacer frente los condenados, o parte de ella, llegue a sus arcas y no a las del Gobierno de Canarias. También han recurrido ante el Supremo los acusadores particulares, los agricultores Francisco Hernández y Segundo Jorge.

FUENTE: DIARIO DE AVISOS.

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