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Ribera pretende abaratar la luz hasta un 17% en un plazo de cinco años. El Gobierno ha puesto en marcha una reforma energética por cerca de 7500 millones para reducir el recibo de la electricidad hasta un 17% en un plazo de cinco años. Para logralo, el Consejo de Ministros enviará al Congreso un anteproyecto de Ley con el llamado céntimo verde.

El Gobierno procederá a la eliminación del dividendo de carbono, es decir, las cantidades que perciben centrales que no emiten CO2 por la existencia de un mercado marginalista. Con esta decisión, el Ministerio arranca la tramitación del llamado Fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico que supondrá trasladar 6.500 millones del coste de las renovables y la cogeneración a los carburantes y el gas. La medida supondrá una rebaja en el recibo de la luz a cambio de incrementar el coste del gas en cerca de 50 euros al año o el de los carburantes del orden de 7 - 10 céntimos por litro.

Tras el  periodo de audiencia pública, en el que se ha producido un fuerte choque entre los grandes consumidores industriales y las eléctricas, el Gobierno ha decidido suavizar algunas condiciones. 

Ribera eximirá las ventas de biocarburante sostenible en estado puro así como al transporte marítimo para el gas natural de este carga. Asimismo, el Ejecutivo amplía las compensaciones para la industria electrointensiva, que regulará de forma específica. La normativa equipará también a las VTC con el taxi a la hora de recibir las exenciones para el transporte de pasajeros.

Por otro lado, el Gobierno ha explicado también su decisión de someter a consulta pública otro proyecto para hacer frente a los llamados windfall profits, es decir, las cantidades que reciben las centrales anteriores del año 2005 por la venta de energía cuando las centrales que marcan precio son emisoras de CO2 y, por lo tanto, encarecen el coste de la energía eléctrica en el mercado mayorista.

La intención del Ejecutivo es recortar en un 90% esta cantidad, lo que supondrá un ajuste de entre 800 y 1000 millones para las eléctricas que irán en gran medida a suavidar el recibo de los consumidores. 

Transición Ecológica logra con esta medida dos objetivos. Por un lado, suaviza el ajuste a las petroleras y el gas, ya que al destinar el 90% de la recaudación al Fondo de sostenibilidad se rebajarán las aportaciones que los comercializadores y distribuidores tenían que hacer y, al mismo tiempo, facilitará un menor coste para las industrias en un recibo. El 10% restante se destinará a sufragar un 50% de la factura eléctrica de los consumidores vulnerables severos en riesgos de exclusión social, lo que permitirá atender las necesidades del orden de 350.000 familias. 

La propuesta de Ribera no afecta a ninguna planta posterior a 2005 ni a las que cuentan con marco retributivo regulado, así como tampoco a las que se acogen a las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura. También se excluyen las instalaciones de menos de 10 MW. Se estima que la medida afectará a unos 85 TWh anualmente, de los que un 67% se corresponden con generación nuclear, un 29% con hidráulica y menos del 5% a generación eólica.

FUENTE: El economista.

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